Sughey Torres propone tipificar la cohabitación forzada en Durango; plantea penas de hasta 15 años

La diputada Sughey Torres Rodríguez presentó una iniciativa para tipificar el delito de cohabitación forzada en el Código Penal del Estado de Durango, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en condiciones de especial vulnerabilidad.

La propuesta contempla sanciones de ocho a 15 años de prisión, además de multas de mil a dos mil 500 días, para quienes obliguen, induzcan, promuevan o faciliten que una persona menor de edad o alguien que no pueda comprender el significado del hecho o resistirlo establezca una convivencia constante y equiparable a la matrimonial.

“Que ninguna niña tenga que renunciar a sus sueños para cumplir los de alguien más; que ningún niño vea su futuro decidido por otros y que ninguna persona sea obligada a vivir una vida que no eligió”, expresó la legisladora durante la ampliación de motivos.

La iniciativa contempla agravantes

La propuesta plantea adicionar un capítulo al Código Penal estatal para incorporar expresamente este delito, en armonía con el marco penal federal.

También establece que las sanciones podrían incrementarse hasta en una mitad cuando existan circunstancias agravantes, entre ellas el uso de violencia física o psicológica, amenazas o intimidación; el abuso de relaciones de patria potestad, tutela, guarda, custodia o cuidado; la búsqueda de un beneficio económico, así como cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

Sobre este último supuesto, Torres Rodríguez aclaró que la protección reforzada no busca estigmatizar a ninguna comunidad, sino reconocer que pueden existir barreras adicionales para ejercer y defender los derechos, ante las cuales el Estado debe garantizar una protección efectiva.

Buscan cerrar vacíos legales ante uniones sin matrimonio formal

La diputada explicó que la cohabitación forzada ocurre cuando una persona menor de 18 años, o alguien que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, es obligada o inducida a establecer una convivencia constante y equiparable a la de un matrimonio, ya sea con otra persona menor de edad o con una persona adulta.

Destacó que, aunque en México está prohibido el matrimonio infantil, también existen formas de unión que se realizan sin un vínculo matrimonial formal y que pueden representar una vulneración de derechos.

Por ello, consideró necesario cerrar posibles vacíos legales para evitar que la ausencia de un matrimonio formal limite la protección jurídica de las víctimas.

Datos muestran condiciones de vulnerabilidad

Para dimensionar la problemática, la legisladora citó datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, que registró 224 mil 454 adolescentes de entre 12 y 17 años casados o viviendo en unión libre en México.

Asimismo, refirió que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, Durango registró en 2020 una razón de fecundidad forzada de 2.1 nacimientos por cada mil niñas de entre 10 y 14 años.

La diputada precisó que estas cifras no representan exclusivamente casos de cohabitación forzada ni permiten afirmar que todas las uniones hayan sido impuestas. Sin embargo, señaló que muestran condiciones de vulnerabilidad que hacen necesario fortalecer las herramientas de protección.

A la iniciativa se sumaron las diputadas Gaby Vázquez Chacón y Delia Enríquez.

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