Avalan reformas para fortalecer los derechos territoriales de ejidos y comunidades indígenas

Por unanimidad, el Congreso del Estado de Durango aprobó reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, orientadas a fortalecer la protección de la propiedad social y reconocer los derechos colectivos de ejidos y comunidades agrarias e indígenas, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica sobre sus territorios y patrimonio.

El dictamen, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, contempla modificaciones al artículo 27 constitucional para reconocer a los ejidos y comunidades agrarias como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica plena y patrimonio propio.

Este reconocimiento también busca facilitar su acceso directo a programas, recursos públicos y mecanismos de desarrollo económico, social, ambiental y productivo.

Buscan prevenir el despojo y proteger los territorios

Durante la discusión, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo destacó que la propiedad social representa la historia, las raíces y la lucha de miles de mujeres y hombres del campo que han defendido la tierra como patrimonio familiar y fundamento de la vida comunitaria.

El legislador señaló que el territorio no representa únicamente una superficie destinada a la producción de alimentos, sino también identidad, cultura, pertenencia, trabajo y futuro. Añadió que, para los pueblos indígenas, constituye una parte esencial de su organización comunitaria, sus tradiciones y su relación con la naturaleza.

Aguilar Carrillo subrayó que el dictamen contempla medidas para proteger la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades, además de prevenir el despojo, la especulación inmobiliaria y la concentración indebida de derechos agrarios.

Vinculan la propiedad social con el desarrollo sustentable

El diputado también destacó que las disposiciones relacionan la protección de la propiedad social con objetivos de interés público, como la soberanía alimentaria, la conservación ambiental, el desarrollo regional sustentable y el bienestar de las comunidades agrarias.

Desde la tribuna, sostuvo que la justicia social debe reflejarse en el respeto a los derechos, la atención a comunidades históricamente rezagadas y la generación de oportunidades para quienes han contribuido al desarrollo del país desde el campo.

Con la aprobación unánime del dictamen, el Congreso de Durango avaló una reforma que busca fortalecer la certeza jurídica y la protección del patrimonio territorial de ejidos y comunidades agrarias e indígenas.

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